La Corte de Inmigración tiene 1.3 millones de solicitudes de asilo en espera, y los casos no paran de aumentar. Una orden de la era Trump hace peligrar la labor crucial de los jueces de inmigración.
En medio de la crisis migratoria histórica en la frontera de México y Estados Unidos, los jueces de la Corte de Inmigración están al límite de sus capacidades, y sostienen que está en peligro el destino de miles de migrantes. Solamente hay alrededor de 500 jueces de inmigración en todo el país: son quienes deciden quién permanece en los Estados Unidos y quien deberá ser deportado.
Cuando asumió el Presidente Biden, ya había una lista de espera de 1.3 millones de casos, y los cruces en busca de asilo en la frontera continúan aumentando. Los jueces de la Corte de Inmigración sostienen que no son suficientes para ocuparse adecuadamente de todos los casos y que necesitan más personal de apoyo.
Además, su autonomía corre riesgo de sucumbir ante la presión política. Durante el gobierno de Trump, esto significó ser presionados para emitir órdenes de deportación, incluso cuando los migrantes en busca de asilo aseguraban que se arriesgaban a morir si regresaban a sus países de origen.
Cómo el gobierno de Trump intentó destruir la autonomía de la Corte de Inmigración
A diferencia de los jueces federales, que asumen sus cargos de por vida, garantizando inmunidad a la presión política, los jueces de la Corte de Inmigración son empleados que responden y son nombrados por el fiscal general. Normalmente, los jueces de inmigración pueden representar sus intereses a través de un sindicato, pero la administración Trump intentó disolverlo.
El segundo fiscal general de Trump, William Barr, intentó anular la certificación del sindicato de jueces de inmigración, que es la vía de representación colectiva de los jueces desde 1979. Finalmente, la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) desestimó años de precedentes legales y declaró que los jueces son funcionarios oficiales que no pueden agremiarse bajo ningún concepto.
El sindicato de la Corte de Inmigración está intentando impugnar el fallo de la FLRA. Decenas de demócratas en el Congreso firmaron una carta este mes instando al fiscal general Merrick Garland y a la fiscal general adjunta Lisa Monaco a rescindir la petición de Barr.
«Estamos en un combate legal por nuestra vida para asegurar que se valore y se mantenga nuestra independencia de decisión, y que nosotros, como jueces, podamos hacer nuestro trabajo».
Declaró la jueza Amiena Khan, presidenta del sindicato de la Corte de Inmigración, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
La respuesta de la administración Biden al predicamento de los jueces de la Corte de Inmigración
Un vocero del Departamento de Justicia comentó que aún Garland, el fiscal general de Biden, no tomó una decisión final respecto a la petición de los jueces. Sin embargo, la administración Biden se ha propuesto contratar al menos 100 jueces de inmigración más como parte de su presupuesto anual.
Los jueces de la Corte de Inmigración reclaman que no están en condiciones de realizar correctamente su trabajo, y esperan que el gobierno demócrata los apoye para recuperar su independencia judicial. Marks, una jueza de inmigración de San Francisco, sostiene que los jueces no deben ser utilizados como una herramienta política y que, al imponerse cuotas para la resolución de casos, peligran los procesos que garantizan la representación de los migrantes. “Si estoy obligada a tomar una decisión sobre un caso rápidamente, los migrantes no tienen tiempo de conseguir la representación necesaria para su defensa”, agregó. Y sin un abogado que garantice su defensa, usualmente los migrantes pierden sus casos de asilo.
Lisa Dornell, una jueza retirada que trabajó en Baltimore, abandonó su cargo durante la administración Trump, abrumada por las presiones políticas.
«Fue realmente desgarrador encontrarse con tantos impedimentos y no poder ayudar a todos los niños de la forma en que hubiera querido».
Recordó Dornell.
Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos de la administración Biden, los casos en la Corte de Inmigración no paran de acumularse. En Todo Inmigración confiamos en que el gobierno otorgue una pronta solución al predicamento de los jueces de la Corte de Inmigración, que todos los días deben tomar decisiones que afectan las vidas de miles de migrantes y sus familias.
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