Una orden de la era Trump anuló las vías de representación colectiva para los jueces de la Corte de Inmigración, dejándolos vulnerables a las presiones políticas. El gobierno de Biden anunció que no se opondrá a los pedidos de los jueces para que se revierta esta medida.
En medio de una situación crítica en la frontera de México y Estados Unidos, el creciente número de solicitudes de asilo y las recientes medidas de la administración Biden para expandir las vías de migración legal al país sobrecargaron de trabajo a los jueces de la Corte de Inmigración, que ya se encontraban al borde de sus capacidades.
El viernes de la semana pasada, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos informó que dejará de oponerse a la presión de los jueces de la Corte de Inmigración para organizarse colectivamente en una figura gremial. Esto abre el camino para impugnar un fallo de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA), que desestimó los precedentes legales y dictaminó que los jueces de inmigración son funcionarios oficiales sin derecho a agremiarse legalmente.
¿Qué reclaman los jueces de la Corte de Inmigración?
Los jueces de la Corte de Inmigración son quienes toman la decisión final sobre quién es deportado y quién no, y muchos sostienen que esta labor crucial se ve empantanada por las presiones políticas y escasez de personal en un momento crítico en la frontera de México y Estados Unidos. Tan solo hay cerca de 500 jueces de inmigración, y deben ocuparse de una lista de espera en aumento que ya cuenta con más de 1.3 millones de casos. Sin embargo, la administración Biden prometió contratar por lo menos 100 jueces de inmigración más para ayudar a descongestionar la abrumada Corte de Inmigración.
Además, su libertad de asociación y representación colectiva se vio coartada durante la administración Trump, a partir de un fallo en contra de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) impulsado por William Barr, fiscal general del gobierno republicano. Este fallo anuló los certificados legales de la NAIJ y negó el derecho de asociación a los jueces.
Cerca de 470 jueces de la Corte de Inmigración son miembros de la NAIJ, que actualmente puja por recuperar su estatus legal a través de una serie de peticiones y solicitudes legales bajo la representación de la firma Latham & Watkins. El argumento de la FLRA para respaldar el fallo contra la NAIJ se basó en la premisa de que los jueves de inmigración sientan precedentes y crean políticas al emitir sus decisiones.
Sin embargo, los jueces sostienen que la Corte de Inmigración no puede sentar precedentes de ningún tipo con sus decisiones, y que se limitan a aplicar la ley y las directivas establecidas por el Departamento de Justicia.
Los demócratas presionan al gobierno para que apoye a los jueces de la Corte de Inmigración
Tanto el Departamento de Justicia como el fiscal general Merrick Garland recibieron presiones por parte de los demócratas en el Congreso y algunos gremios para allanar el camino al reclamo de los jueces y no ofrecer oposición a la moción de reconsideración que espera restablecer la legalidad de la NAIJ.
Una jueza de inmigración de San Francisco, Dana Marks, señaló que sin la oposición del Departamento de Justicia es posible que la FLRA reconsidere su dictamen previo, dado que ya no existe apoyo para la medida. Además, indicó que la decisión estaba profundamente errada y que debía ser revertida.
Los jueces de la Corte de Inmigración también manifestaron su oposición en reiteradas ocasiones a múltiples políticas de la era Trump. Entre estas políticas se encuentran reglas que regulan la discreción de los jueces y los obligan a solicitar permiso antes de hablar públicamente o publicar escritos sobre sus trabajos.
Comentarios