La Administración de Joe Biden anuncia moratoria para deportaciones por 100 días
Desde el primer día de su asunción, el Presidente Joe Biden impulsó una ambiciosa reforma de inmigración. Las medidas pretenden reforzar las protecciones para los jóvenes inmigrantes, detener la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump, entre otras.
La Moratoria de deportaciones o cese de deportaciones por 100 días fue ordenada por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, David Pekoske. Quedan suspendidas nuevas inscripciones en el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MMP). La medida entra en vigencia a partir del 22 de enero de 2021 y contempla la situación de algunos inmigrantes no ciudadanos, existen excepciones. La moratoria de 100 días fue decretada “para garantizar que tengamos un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública” detalla el memorando.
¿A quienes beneficia la moratoria?
De esta forma, con el cese de deportaciones se protege el proceso para dar lugar a que los inmigrantes tengan oportunidad de defender su derecho de permanencia ante un juez de inmigración. La moratoria excluye a las personas que llegaron a Estados Unidos después del 1 de noviembre y a las que son sospechosas de terrorismo o espionaje o representan un peligro para la seguridad nacional. También quedan excluidas las personas detenidas en la frontera o en los puertos de entrada que intentaron entrar ilegalmente a los Estados Unidos a partir de la misma fecha, o que no estaban en el EEUU antes del 1 de noviembre de 2020.
El cese de deportaciones no ampara a las personas encarceladas en prisiones y cárceles federales, estatales y locales que hayan sido puestas en libertad en el momento de la emisión de la medida o luego de ella. También quedan excluidos de esta medida los individuos sospechosos de terrorismo o espionaje. Tampoco son objeto de la medida las personas encarceladas en prisiones y cárceles federales, estatales y locales que hayan sido puestas en libertad en el momento de la emisión del memorando o con posterioridad a este que hayan sido condenadas por un «delito grave».
Finalmente, tampoco serán amparados por este plan aquellos inmigrante que aceptaron voluntariamente renunciar a cualquier derecho a permanecer en Estados Unidos, siempre que antes de haber hecho la renuncia se le haya informado plenamente sobre las consecuencias de dicho acto y se le haya dado una
oportunidad significativa de acceder a un abogado antes de firmar.
Los siguientes pasos hacia la reforma
Además del cese de deportaciones, se ha propuesto realizar una revisión de las políticas y prácticas vinculadas a la aplicación de la ley de inmigración dictadas durante el gobierno de Donald Trump. En las tareas de revisión se verán involucradas todas las agencias que trabajan bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional y que tienen lugar en los procesos migratorios (USCIS, ICE, CBP).
Luego de haber realizado la revisión de estas políticas y prácticas, cada dependencia desarrollará recomendaciones para tratar diferentes aspectos de la aplicación de la ley de inmigración, como por ejemplo: la priorización del uso de personal de ejecución de la ley, los espacios de detención, el personal (contrataciones o despidos), políticas de detención, entre otros.
El memorándum también indica que a partir de Febrero pondrá foco en los arribos recientes a la frontera, las amenazas a la seguridad nacional y en aquellos individuos que han cometido delitos graves considerados amenaza a la seguridad pública, que pueden ir desde robo a la presentación de documentos falsos.
Se espera que para los próximos días la administración de Joe Biden haga nuevos anuncios en relación a la reforma. Informantes cercanos a la Casa Blanca dijeron que se estaría evaluando la posibilidad de realizar una segmentación de la reforma integral y enviarla en pequeñas piezas legislativas con el fin de obtener mayores chances de aprobación.
Comentarios