Los cambios en el Departamento de Justicia no son suficientes

Sectores pro-inmigración que colaboran con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos escribieron una carta abierta contra las políticas migratorias de la administración Biden que consideran son insuficientes o detrimentales para los migrantes.

El memo presidencial firmado por el presidente Biden la semana pasada prometió recuperar las instituciones de ayuda legal al interior del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como el Programa de Orientación Legal. Este y otros programas habían sido prácticamente desmantelados por la administración anterior, durante una campaña de desfinanciamiento de todos los sistemas federales de ayuda a los migrantes.

Sin embargo, los grupos defensores de los inmigrantes que tienen contratos o trabajan de cerca con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostienen que les preocupa la persistencia durante la administración actual de mecanismos dañinos para los migrantes. En una carta abierta firmada por diversas organizaciones no gubernamentales, denunciaron la lentitud e ineficiencia del gobierno federal en renovar de forma beneficiosa el funcionamiento los programas atacados por la administración Trump.

Un Departamento de Justicia heredado de Trump

Se acerca la fecha límite para que el Departamento de Justicia renueve contratos con las ONGs que se ocupan de orientar a los inmigrantes a través de los sistemas judiciales de inmigración y los conectan con representantes pro bono, y muchas de estas organizaciones temen que se perpetúen los mecanismos heredados del gobierno de Trump.

“Durante la administración Trump, los programas de acceso legal en las cortes de inmigración fueron constantemente atacados. A cuatro meses del comienzo de la administración Biden, nuestras organizaciones están preocupadas porque persiste este enfoque antagónico hacia los programas de acceso legal y al acceso a representación legal en las cortes de inmigración”

Se lee en la carta abierta firmada por 21 grupos de defensa legal para migrantes.

La carta llega una semana después de que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva que busca ampliar el acceso a la representación legal en los tribunales de inmigración, donde hasta hace poco los migrantes no tenían derecho a acceder a un abogado. Poco después de la orden de Biden, el fiscal general Merrick Garland señaló que la administración actual busca explorar cómo aliviar las injusticias en el sistema judicial, incluyendo los sistemas legales civiles y de inmigración.

Las limitaciones del sistema migratorio en el Departamento de Justicia

Las 21 ONGs que firman la carta cuentan con subcontratos del Departamento de Justicia para llevar adelante el Programa de Orientación Legal. Insisten en que algunas de las disposiciones que la administración de Biden está buscando podrían limitar la asistencia para los migrantes que muchas veces enfrentan graves consecuencias en los tribunales de inmigración.

El programa, que busca ayudar a detenidos y tutores de menores no acompañados, también funciona como punto de contacto con defensa legal gratuita. A las ONGs les preocupa que las cláusulas contractuales implementadas por Biden, que se centran en la eficiencia y limitan las referencias, podrían limitar los beneficios del programa para los migrantes. Por ejemplo, el contrato actual impediría a los fiscales a referir defensores legales que trabajen dentro de la misma organización, creando desafíos en áreas rurales que solo pueden ser atendidas por una ONG.

El contrato remitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también mantendría la misma estructura de facturación negociada bajo la administración Trump, que pasó de una tarifa fija a exigir a las organizaciones que realicen un seguimiento de las horas facturables. Las organizaciones argumentan que esta estructura de pago conduce a una financiación inconsistente, lo que dificulta tener suficiente personal disponible para la carga de trabajo necesaria.

“La provisión independiente de información legal por parte de profesionales calificados es una necesidad básica para que el acceso legal sea real. Las personas que enfrentan procesos de deportación y en particular las detenidas tienen pocas posibilidades de comprender sus opciones sin acceso a información legal. Tenemos la esperanza de llegar a una resolución para asegurar la continuidad de estos servicios vitales”.

Declaró el Instituto de Justicia Vera en un comunicado.

Las negociaciones se producen en medio de frustraciones más amplias por lo que algunos sectores pro-inmigración ven como un ritmo demasiado lento en las reformas migratorias bajo la administración Biden.