Queda restituida la antigua norma aprobada en 1999 y descartada la reformada por Trump
El DHS confirmó la eliminación de la regla de carga pública impuesta durante el la presidencia de Donald Trump, restituyendo la antigua norma, aprobada en 1999 y que se emplea para determinar si un inmigrante califica o no para ser admitido o recibir la Green Card.
La medida significa que después de muchos años, la carga pública llegó a su fin. Esto es de mucha importancia para todos nosotros pero particularmente para aquellas personas que tengan un caso pendiente de ajuste de estatus, o que tengan un caso pendiente de proceso consular.
La regla impedía que aquel migrante que vive de los beneficios del gobierno califique como elegible para obtener la residencia en los Estados Unidos. Durante la presidencia de Trump, la definición de Carga Pública cambió, implicando que un migrante es considerado una carga pública si su esposa o sus hijos reciben ayuda del Estado. Este cambio trajo grandes problemas para un gran número de familias.
La regla había sido emitida por Trump en 2019 y fue aplicada en la mayoría de los estados
La disposición de «carga pública» se remonta a la Ley de inmigración de 1882. Los legisladores federales en ese momento querían asegurarse de que los inmigrantes pudieran cuidarse a sí mismos y no terminar siendo una carga pública.
Según las regulaciones vigentes en vigor en 1996, el término se define como alguien que es «principalmente dependiente» de la asistencia del gobierno, lo que significa que proporciona más de la mitad de sus ingresos.
El DHS se presentó ante el Registro Federal para eliminar formalmente la regla de la regulación federal
El gobierno de Biden logró poner fin a la controvertida regla de la era Trump que dificulta que los inmigrantes tengan acceso a un estatus legal si usan ciertos beneficios públicos, como Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda, entre otros.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que seguir defendiendo dicha regla «no era de interés público ni era un uso eficiente de los recursos gubernamentales limitados».
Esta medida tiene lugar bajo administración de Biden, la cual desde sus primeros días en el poder tomó un posicionamiento radicalmente diferente al de las políticas de la administración anterior, trabajando arduamente para lograr un equilibrio entre promover un enfoque más humano de la inmigración y seguir enviando el mensaje a los posibles migrantes que están considerando venir a los Estados Unidos.
«Hoy, el DHS cerró el libro sobre la regla de carga pública y está haciendo lo mismo con respecto a una regla propuesta con respecto a la declaración jurada de apoyo que habría impuesto cargas indebidas a las familias estadounidenses que desean patrocinar a personas que inmigran legalmente a los Estados Unidos.
Expresó el secretario Alejandro Mayorkas en un comunicado.
En los próximos días, el DHS trabajará con agencias federales asociadas y líderes comunitarios para garantizar que los migrantes y sus familias tengan información precisa sobre las políticas de dicha regla.
El mes pasado, la Corte Suprema acordó aceptar un desafío a la regla de carga pública presentada por The Legal Aid Society, funcionarios estatales y locales. Pero en una breve carta enviada a la corte el martes, la procuradora general interina Elizabeth Prelogar comunicó a los jueces que ambas partes habían acordado que la impugnación debería ser desestimada.
Se espera que en los próximos días la administración dé lineamientos para comunicar de manera clara las políticas actuales de carga pública y los cambios propuestos, con la intención de reducir el miedo y la confusión entre las comunidades afectadas.
Sin duda alguna esta es una buena noticia para nosotros, aunque seguimos aguardando la Reforma Migratoria Integral.
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