Un reporte de la Universidad de Washington reúne las denuncias de cientos de activistas pro-inmigración contra la agencia ICE.
Según un nuevo reporte preparado por la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington, servicios federales de inmigración como la agencia ICE llevan adelante campañas sistemáticas de persecución y represión dirigida contra grupos defensores de los derechos de los migrantes. Para sustentar esta investigación trabajaron de cerca con cientos de activistas y defensores de los migrantes en el país.
Además, el reporte incluye entrevistas, registros judiciales y otros documentos obtenidos mediante la Freedom Of Information Act (FOIA). Se documenta un amplio rango de denuncias en diferentes estados de país (Texas, Washington, Vermont, Carolina del Norte, Illinois) donde los activistas fueron intimidados o incluso deportados por su accionar político.
«Algunas de las historias de represalias de activistas se han contado previamente de forma fragmentada, lo que permite a alguien argumentar que en realidad se trata de un par de oficiales deshonestos de una oficina de campo en particular. Al documentar los relatos de grupos de todo el país, creo que queda en claro que este es un problema amplio y de escala nacional”.
Explica Sejal Zota, director legal de Just Futures Law, uno de los grupos detrás del nuevo informe.
La agencia ICE insiste en que solamente hace cumplir la ley migratoria
Los voceros de la agencia federal declararon que no están tomando represalias contra ningún individuo por su activismo. Según la versión de los agentes federales, la agencia se limita a hacer cumplir la ley migratoria contra todos aquellos que viven en el país de forma ilegal.
«ICE condena la toma de represalias contra personas que ejercen su derecho de expresión y reunión de la Primera Enmienda. Como todas las demás agencias de aplicación de la ley, ICE monitorea las protestas planificadas para garantizar la seguridad de su infraestructura, personal, oficiales y todos los involucrados».
Declaró un portavoz de la agencia en un comunicado.
Pero las historias de los migrantes contradicen las declaraciones de la agencia. La migrante y activista Mora-Villalpando nunca buscó ocultar su estatus migratorio. Vino a los Estados Unidos desde Ciudad de México en los 90s y permaneció en el país luego de que se venciera su visa de turista. No tiene récord criminal y discutió abiertamente su delicado estatus en el país en entrevistas.
Además, es una de las co-fundadoras del grupo defensor de los derechos de los migrantes llamado La Resistencia y comenzó a protestar las terribles condiciones en los centros de detención de inmigración manejados por la agencia ICE desde 2014.
Sin embargo, permaneció fuera del radar de las autoridades de inmigración por algunos años más, hasta que dos representantes de Washington insistieron en 2017 en invitarla a un tour por las nuevas instalaciones de un centro de detención de ICE. Las autoridades de la agencia en el momento rechazaron permitirle el ingreso a las instalaciones en base a su estatus migratorio, y la colocaron en procedimientos de deportación.
Alejandro Mayorkas: es “inaceptable” la vulneración de derechos de los migrantes
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fue consultado sobre las denuncias de represalias contra los migrantes en una entrevista en abril organizada por la Universidad de California. Mayorkas declaró que consideraba absolutamente inaceptables las represalias pero que le gustaría investigar a fondo los casos denunciados antes de tomar medidas.
«Eso es inaceptable. Las represalias en respuesta al derecho a la libertad de expresión protegido constitucionalmente y, francamente, la obligación cívica de protestar contra las posiciones gubernamentales con las que uno no está de acuerdo, eso es simplemente inaceptable».
Declaró Mayorkas.
Los defensores de los derechos de los migrantes celebraron la condena de las represalias por parte de Mayorkas pero insisten en que la administración demócrata debe ir más allá. Exigen que Mayorkas tome una posición formal contra las represalias en las nuevas pautas de conducta oficiales de la agencia ICE que se emitirán en los próximos meses.
Específicamente, los activistas demandan que los oficiales de inmigración hagan uso de la llamada “discreción fiscal” en los casos de activistas y miembros de grupos que trabajan por los derechos de los migrantes, y que vuelvan a ingresar a los Estados Unidos a aquellos activistas que fueron deportados por su trabajo. Si esto no se hace cumplir, insisten, la persecución y espionaje sobre los grupos pro-inmigración continuará.
En Todo Inmigración condenamos las acciones de la agencia ICE y confiamos en que Alejandro Mayorkas pueda llevar adelante una reforma sustancial dentro del sistema migratorio para que activistas y migrantes no sean perseguidos por su accionar político.
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