El gobierno confirmó que se continuará expulsando migrantes en la frontera de México y Estados Unidos por motivos sanitarios mediante la deportación rápida habilitada bajo el Título 42.
Este lunes, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó que se dará marcha atrás con los planes de levantar la medida sanitaria conocida como Título 42 y se continuará haciendo uso de la deportación rápida con fines sanitarios. Esto se debe a los temores de un nuevo pico de contagios de coronavirus.
Durante los últimos meses, con un número récord de migrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera de México y Estados Unidos, la administración Biden ha mantenido la orden que permite la deportación rápida por motivos sanitarios, heredada de la administración anterior. A pesar de las protestas de los sectores aliados pro-inmigración, los voceros del gobierno señalaron en repetidas ocasiones que la orden cumplía una función necesaria en un contexto pandémico.
Sin embargo, recientemente se habrían manifestado intenciones de levantar la orden. Para muchos críticos, la deportación rápida mediante el Título 42 era menos una medida para proteger la salud pública que una forma políticamente correcta de expulsar migrantes. Ahora, el CDC insiste en que permitir el ingreso sin control de migrantes por la frontera crea un serio peligro de dispersión de las nuevas variantes del virus.
El factor delta: el peligro de las nuevas variantes
La reciente dispersión mundial de la variante delta, altamente contagiosa, ha reforzado el argumento de la necesidad de mantener en pie una medida sanitaria como la deportación rápida bajo el Título 42 para minimizar el ingreso de personas al país. Además, la rápida dispersión de esta nueva variante del virus llega en un momento crítico para los agentes fronterizos, que dicen estar sobrepasados y argumentan que levantar esta medida solo empeoraría una delicada situación de crisis humanitaria.
Sin embargo, a pesar de que el gobierno demócrata ha utilizado la regla para expulsar rápidamente a adultos solos e incluso a muchas familias migrantes, no se ha aplicado la medida a los niños migrantes que llegan sin acompañantes.
Presiones para abolir la deportación rápida de parte de sectores pro-inmigración
Este lunes, la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU) declaró que iniciará una demanda judicial para forzar a la administración Biden a levantar la orden para las familias migrantes. Según un miembro de ACLU, la organización llevó adelante infructuosamente negociaciones durante meses para intentar que se anule la medida.
“Ahora está claro que no hay un plan inmediato para hacer eso. La administración hizo repetidas declaraciones públicas de que solo necesitaba algo de tiempo para reconstruir el sistema de asilo que la administración Trump destruyó. Les dimos siete meses. El tiempo ha terminado”.
Dijo Lee Gelernt, abogado principal del caso de ACLU, en una comunicación oficial este lunes.
La respuesta del gobierno ante las demandas de ACLU
En una presentación judicial en respuesta a la demanda iniciada por ACLU, el gobierno demócrata insistió en que bloquear la aplicación de esta medida solo conducirá al colapso del ya sobrecargado sistema migratorio y a peores condiciones humanitarias para los migrantes. El hacinamiento en los puestos de la frontera sur hace muy difícil la aplicación de medidas de salud pública y precauciones básicas como el distanciamiento social.
El comunicado agrega también que cada vez más migrantes dan positivo para coronavirus, así como oficiales fronterizos. Para David Shahoulian, el subsecretario de políticas fronterizas y migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mantener la orden de deportación rápida bajo el Título 42 es crucial para preservar la salud pública en las circunstancias actuales.
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