Este martes la administración Biden firmará una acción ejecutiva que garantizará la defensa legal estatal para migrantes ante la Corte de Inmigración pero también para minorías y sectores empobrecidos.
Actualmente, los migrantes no cuentan con representación legal garantizada cuando enfrentan procesamientos legales en la Corte de Inmigración. Con el objetivo de ampliar los derechos de defensa legal estatal a migrantes y otros sectores en desventaja como minorías o ciudadanos de bajos ingresos, este martes el presidente Biden firmará una memorando presidencial que restaurará la Oficina de Acceso a la Justicia del Departamento de Justicia (DOJ).
Esta oficina fue cerrada durante la administración Trump, junto a muchas otras medidas que buscaban marginalizar a los migrantes y dificultar los procesos legales de admisión a los Estados Unidos. Además, se buscará restablecer la Mesa Redonda Interagencial de Asistencia Legal de la Casa Blanca (LAIR), un grupo de trabajo establecido durante la era Obama que se ocupaba de examinar cómo mejorar los sistemas de ayuda legal civil en diversos programas federales.
Además de focalizar en la situación de los migrantes que pasan por la Corte de Inmigración, el memorando presidencial también busca ampliar el acceso a recursos legales para quienes se encuentran socialmente marginalizados por sus bajos ingresos o su pertenencia a minorías. Los desafíos de estos grupos marginados solamente han aumentado durante la crisis sanitaria y económica disparada por la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, los grupos de ayuda civil y legal se han encontrado sobrecargados de trabajo y limitados en recursos, incapaces de prestar ayuda a quienes más necesitan de sus servicios.
«El gobierno federal tiene un papel fundamental que desempeñar para ampliar el acceso al sistema legal de la nación y apoyar el trabajo de los proveedores de asistencia legal civil y los defensores públicos. La acción ejecutiva del presidente Biden hoy revitalizará el papel del gobierno federal en la promoción del acceso a la justicia y ayudará a garantizar que las políticas de la Administración y los esfuerzos de recuperación puedan llegar a tantas personas como sea posible».
Declararon voceros de la Casa Blanca en un comunicado informativo.
La precaria situación de los migrantes en la Corte de Inmigración
Actualmente, los inmigrantes en la corte de inmigración no tienen derecho a representación legal designada por el gobierno. Esto se aplica a inmigrantes de todas las edades, incluidos los menores que fueron enviados a audiencias de deportación durante el apogeo de la política de «tolerancia cero» de Trump en 2018.
Esto implica que los procedimientos legales extremadamente complejos que se viven en una corte de inmigración en procedimientos de asilo o deportación son enfrentados por individuos solos que muchas veces no solo no manejan el idioma sino que desconocen las leyes del sistema en el que son juzgados.
Biden busca reforzar los marcos legales camino a la reforma migratoria integral
Esta acción presidencial es parte de un esfuerzo mayor de la administración Biden para fortalecer el sistema de inmigración de los Estados Unidos, incluido el establecimiento de un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en el país, y la concesión de estatus legal a los miles de migrantes que llegaron a los Estados Unidos ilegalmente como menores.
Aunque actualmente el plan de reforma migratoria integral de la administración Biden no ha logrado la aprobación del Congreso, el gobierno ha logrado implementar muchas medidas menores que alivian las situaciones de injusticia sistemática que enfrentan los migrantes tanto en la frontera como en la Corte de Inmigración.
En Todo Inmigración siempre nos alegramos de saber que se amplían los derechos para los migrantes y otros grupos marginados que son juzgados en los Estados Unidos. Esperamos que la administración Biden continúe su trabajo y que las normativas crueles e injustas implementadas por la administración anterior sean abolidas para dar lugar a procedimientos acordes a un trato justo y humano para los migrantes y sus familias.
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